El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, prolonga durante todo el año 2026 diversas actuaciones destinadas a proteger a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad social. Entre ellas, se mantiene la moratoria de los desahucios para familias vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional, la prohibición de suspender el suministro de servicios básicos -electricidad, gas natural y agua- y la continuidad del bono social eléctrico.

En el ámbito de la vivienda, el objetivo de estas medidas es dar respuesta a la situación social y económica de numerosos hogares en un contexto marcado por el incremento de los precios, la escasez de vivienda asequible y una elevada carga financiera derivada del pago del alquiler. En este sentido, se refuerzan y prorrogan las medidas de protección frente a situaciones de vulnerabilidad que se implantaron inicialmente en marzo de 2020 (Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo).

De forma concreta, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos que afecten a hogares vulnerables sin alternativa residencial. Asimismo, se extiende hasta el 31 de enero de 2027 el plazo para que los arrendadores o propietarios puedan solicitar la correspondiente compensación.

Por otro lado, el Real Decreto-ley reconoce que, aunque se ha producido una cierta moderación en los precios de la energía y las medidas adoptadas han resultado eficaces para proteger a buena parte de los consumidores, todavía existen colectivos que tienen dificultades para cubrir sus necesidades energéticas. Por este motivo, el Gobierno ha diseñado una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética con horizonte 2030, destinada a seguir abordando esta problemática de forma estructural.

Hasta que dicha estrategia entre plenamente en funcionamiento, se considera necesario mantener mecanismos de protección adicionales. Así, el RDL 16/2025 establece que los descuentos del bono social eléctrico aplicables durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 serán del 42,5 % para los consumidores vulnerables y del 57,5 % para los consumidores vulnerables severos.

Del mismo modo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de agua y energía para los consumidores en situación de vulnerabilidad.