Reducciones fiscales para propietarios responsables, más IVA para los turistas y un nuevo impuesto para los compradores extranjeros no comunitarios: así será el nuevo marco fiscal que plantea el Ejecutivo.
La vivienda vuelve al centro del debate político. En un contexto donde el acceso a un hogar digno se ha convertido en un lujo para buena parte de la población, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles que pretende reordenar el mapa fiscal de la vivienda en alquiler. Esta norma, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, despliega un arsenal de medidas fiscales y administrativas con un doble objetivo: fomentar el alquiler asequible y frenar la especulación. En esta circular analizamos el contenido completo de la propuesta.
IVA: se acabó el paraíso fiscal del alquiler turístico
La nueva ley acoge con prontitud la doctrina europea: los arrendamientos de corta duración (menos de 30 noches) prestados en viviendas amuebladas y en municipios de más de 10.000 habitantes tributarán al tipo general del 21 % si se ofrecen servicios similares a los hoteleros. Se persigue así equilibrar la fiscalidad con el alojamiento reglado y desincentivar el desvío de vivienda habitual hacia el turismo vacacional masivo.
Plusvalía Municipal: actualización de coeficientes
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) verá revisados sus coeficientes máximos. La tabla se adecua a las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y refleja una nueva escala temporal que penaliza especialmente las transmisiones de más de 20 años con tipos de hasta el 0,35.
SOCIMIS: se acabó la fiesta sin compromiso social
Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIS) pasarán a tributar al 25 % por los beneficios no distribuidos, siempre que no reinviertan o destinen sus inmuebles a alquiler asequible. La norma contempla una exención del 50 % si más del 60 % de su parque se alquila a precios asequibles, y del 100 % si además reinvierten el beneficio en vivienda asequible en un plazo de tres años.
Nuevo impuesto estatal para extranjeros no comunitarios
Se crea un impuesto indirecto complementario para gravar la compra de inmuebles por parte de personas físicas o jurídicas no residentes en la Unión Europea. No sustituye al ITP sino que se acumula a él, aunque se permite deducir lo ya pagado por este. El tipo aplicable es del 100 % sobre la base imponible, calculada conforme al valor de referencia catastral o el valor declarado, si es superior.
Vivienda vacía: más presión fiscal para sacarla al mercado
Las viviendas desocupadas soportarán una carga fiscal mayor. La imputación de rentas se endurece y se invita a los Ayuntamientos a aplicar recargos más intensos en el IBI. Se trata de presionar económicamente al propietario reticente para que opte por el alquiler.
La nueva empresa estatal de vivienda: SEPES se transforma
Se articula el traspaso urgente del suelo público a SEPES, reconvertida ahora en una entidad destinada a construir o promover vivienda a precios asequibles. No se requerirá tasación previa para la cesión, y la ley habilita a SEPES a gestionar también el patrimonio inmobiliario de MUFACE y de los Reales Patronatos, siempre bajo titularidad pública.
Contratos públicos más largos y flexibles
La Ley de Contratos del Sector Público se ajusta para permitir concesiones de hasta 80 años cuando tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible.
La propuesta del PSOE configura un marco normativo integral que no se limita a subir o bajar impuestos, sino que pretende reorientar el comportamiento del mercado. Un marco donde se penaliza la especulación, se estimula la rehabilitación y se premia la accesibilidad. Está por ver qué apoyos parlamentarios consigue en su tramitación, pero su contenido marca una línea clara: la vivienda ya no es solo un activo financiero. Es, antes que nada, un derecho constitucional.